Indigenismo o Pueblos Originarios en los Siglos XX y XXI

En la década de 1960 tomó fuerza en toda América Latina el movimiento indigenista, teniendo como objetivo prioritario incorporar a la vida nacional de sus países, grandes núcleos de población indígena que habían permanecido al margen de los avances de la vida moderna. La nueva etapa abierta en Argentina con el gobierno de Juan Domingo Perón en 1946, tuvo su correlato en un simbólico malón de la paz kolla, debido a que algunos de sus participantes, impondrían con el correr de los años una nueva perspectiva en las luchas reivindicativas indígenas y sus formas de organización.

Eulogio Frites, integrante de la etnia kolla, que había peregrinado hasta Buenos Aires en 1946 junto a su padre, sería designado presidente del Centro Indígena creado hacia 1968. Hacia 1970-1971 se convertiría en Comisión Coordinadora de Institutos Indígenas (CIIRA), la que aspiraba a constituir un congreso deliberativo y revitalizar la conciencia étnica de los aborígenes de Argentina, levantando banderas por la autogestión y contra las prácticas que consideraban genocidio y etnocidio. Estas posiciones más combativas, se habían afirmado en 1969 en los congresos indigenistas de Tartagal y Zapala. Desde entonces se delinearon claramente dos vertientes, la combativa y la burocrática.

En Neuquén desde 1964 se habían creado condiciones para la consolidación de las comunidades mapuches, algunas de las cuales fueron oficialmente reconocidas como propietarias de tierras en reserva, surgiendo una capa de dirigentes indígenas vinculados a los organismos provinciales. En 1970 se constituyó la Confederación Indígena Neuquina, con apoyo del gobierno provincial, terratenientes y fuerzas armadas. Se desplazó a los dirigentes más combativos y la conducción quedó en manos de una burocracia local que respaldaba el gobierno del gobernador Felipe Sapag.

Como reacción, se organizó en 1972 el Primer Parlamento Indígena Nacional, en el que contrariando el control gubernamental se aprovecharon las condiciones existentes para el desarrollo de una tendencia combativa vinculada a la CIIRA. A pesar del abierto boicot de algunos gobiernos provinciales y los delegados neuquinos oficialistas, los combativos provocaron un vuelco en las resoluciones.

Sobre las tierras pidieron prioridad para el indígena en los regímenes de colonización, la ampliación de las reservas existentes y apoyo crediticio para los indígenas. La presión de los combativos condujo a que, en las conclusiones de la comisión de tierras, se remarcase la urgencia por obtener títulos de propiedad comunales legalizados que evitase la expropiación o el desalojo por parte de los terratenientes, los gobiernos provinciales o nacional. Se hizo énfasis en la necesidad de una educación bilingüe, la construcción de viviendas, la creación de hospitales en zonas marginales, la exigencia de participación indígena en los organismos oficiales afectados a zonas aborígenes.

Paralelamente, hacia fines de 1969 se había iniciado en la población mataca de Nueva Pompeya (Chaco), una experiencia cooperativa orientada hacia la explotación forestal, que al generar una atmósfera de movilización desembocó en la concreción del Congreso Regional de Cabañaro (1973), donde la reclamación de tierras asumiría nuevamente el rol protagónico. Se reunieron representantes de comunidades tobas y matacas de Chaco y tobas de Formosa, poniéndose la piedra fundamental de la Federación Indígena del Chaco, al unírseles la comunidad mocoví.

Igualmente, se fundó a fines de 1973 la Federación Indígena de Tucumán, con el auspicio de la CIIRA, que rápidamente encontró apoyo en los trabajadores rurales de los valles calchaquíes. Esa entidad desplegó durante 1974 una serie de movilizaciones en demanda de la recuperación de las tierras comunales, enfrentándose abiertamente a las autoridades provinciales, que desencadenaron una violenta represión policial.

En Buenos Aires el Servicio Nacional de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Bienestar Social, se encontraba en manos del sector más derechista del gobierno peronista. Los reiterados intentos de parte de ese sector de manipulación de la CIIRA, condujo a la concreción del Segundo Congreso Indígena Nacional. Como el congreso estaba controlado por la derecha, fue boicoteado por la mayoría de dirigentes indígenas de las comunidades presentes, a impulsos de los miembros de la CIIRA.

La CIIRA se autodisolvió, constituyéndose en su reemplazo la Federación Indígena de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, con el apoyo de indígenas de las villas miserias capitalinas, de federaciones del interior y de sectores estudiantiles y profesionales de la Universidad de Buenos Aires. Uno de sus objetivos era conformar una Confederación Indígena Nacional, que expresara los intereses de las etnias de todo el país y pudiese influir en la elaboración de una política indigenista nacional.

Hacia fines de 1974 las contradicciones internas del gobierno de María Estela Martínez de Perón crearon condiciones para un incremento de la represión a las organizaciones populares. Los dirigentes indígenas más combativos fueron perseguidos y encarcelados, mientras se disolvían sus organizaciones. En 1975 se produjo un repliegue general del movimiento indígena nacional, que afectó inclusive las experiencias cooperativas comunales. Se iniciaron desalojos ilegales de comunidades y despojo fraudulento de sus tierras.

Bajo el Proceso de Reorganización Nacional desde 1976, siendo posibles únicamente las reivindicaciones culturalistas, surgió la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA). Subrayando su carácter apolítico, acusó a partidos y grupos políticos hegemónicos de manipular al movimiento indígena con concepciones hispanistas y economicistas. Sus objetivos eran: 1) respeto por la persona y personalidad cultural india; 2) tierra al indio; 3) personería jurídica para las comunidades; y 4) libre empleo para los indios. La AIRA fue manejada desde sus comienzos por la etnia kolla.

En 1986 ganó la conducción de AIRA una fracción encabezada por Rogelio Guanuco, autodefinida como diaguita-calchaquí para diferenciarse étnicamente, que anteriormente había integrado el Movimiento Indio Nacional Justicialista (MINJU). Guanuco manifestó en 1989, que a diferencia de la fracción anterior no eran sectarios, recibiendo en la AIRA a todos los indígenas que necesitaban ayuda o querían colaborar. Planteaba como base de su gestión a los indios del interior, porque los que habitan en la Capital Federal están integrados a la cultura dominante.

Por su parte, Fausto Durán, secretario general del Movimiento Indio Peronista de la República Argentina (MIPRA) manifestó en 1989, que la AIRA ya no servía como organismo porque era irrepresentativo, un sello, aunque contradictoriamente reivindicaba su trayectoria primera de lucha. El mayor error de AIRA sería su rol de organismo multipartidario que se le imprimía, demasiado amplio y poco representativo.

A través de la historia se ha denunciado reiteradamente la marginación, discriminación e invisibilización de las culturas indígenas. Pese a ello persisten muchas de sus costumbres y valores, han sobrevivido varias de sus lenguas, y existe un movimiento social creciente dedicado a preservar y recuperar la memoria indígena.

Restos arqueológicos de un asentamiento indígena en Quilmes.

Una probable muestra de esta actitud de invisibilización de parte del Estado argentino frente a los indígenas y otros grupos étnicos, se puede encontrar en el sitio web de la oficina de turismo perteneciente al gobierno, donde se anunciaba en 2006, que la población indígena era la mitad de la dada por el organismo oficial de estadísticas y censos de la Nación Argentina (INDEC), que había realizado oficialmente una encuesta indígena complementaria del Censo de 2001:

“El 95% de los argentinos son de raza blanca, descendientes principalmente de italianos y españoles. Con la llegada de la masiva inmigración europea, el mestizo ―cruce entre blanco e indio― se fue diluyendo poco a poco, y hoy solo supone el 4,5% de la población racial argentina. La población indígena pura -mapuches, collas, tobas, matacos y chiriguanos- representa el 0.5% de los habitantes.”

Esta actitud de una invisibilización de los componentes culturales indígenas mediante la desvalorización de su porción en el total de los argentinos, la cual era habitual en el pasado, ha sido desacreditada por estudios de 2005 que indican que la población mestizada en Argentina —con por lo menos un antepasado amerindio— rondaría el 21%. Mientras que otro de 2011 señala que, de la población argentina, el componente conformado por genes amerindios es del orden del 30 %.​ Estos estudios se presentaron en un marco de una gradual revalorización del componente cultural indígena del país, al igual que el apoyo a la restitución de sus derechos.

El 27 de junio de 1989 fue adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el Convenio internacional 169 sobre Pueblos indígenas y tribales en países independientes. Este convenio internacional entró en vigor el 5 de septiembre de 1991 y fue ratificado por Argentina mediante la Ley n.º 24071 sancionada el 4 de marzo de 1992 y promulgada el 7 de abril de ese año.

Entre las obligaciones asumidas por el Estado argentino al ratificar el convenio se halla la de consultarles las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas.

La resolución 61/295 fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007 y dispuso entre otros derechos:

Artículo 2:

Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas.

Artículo 5:

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

La resolución AG/RES. 2888 (XLVI-O/16) fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 14 de junio de 2016 y dispuso entre otros derechos:

Artículo 1.2. La autoidentificación como pueblos indígenas será un criterio fundamental para determinar a quienes se aplica la presente Declaración. Los Estados respetarán el derecho a dicha autoidentificación como indígena en forma individual o colectiva, conforme a las prácticas e instituciones propias de cada pueblo indígena.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica fue adoptado por las de Naciones Unidas en 1992 y aprobado por ley n.º 24375, promulgada el 3 de octubre de 1994. En su artículo 8 establece:

“j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente;”

La Constitución argentina de 1853 establecía en el artículo 67, inciso 15 que correspondía al Congreso Nacional:

“Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo.”

Este inciso mantuvo su vigencia hasta la reforma constitucional de 1994 cuando fue remplazado por el artículo 75 inciso 17 que establece que corresponde al Congreso Nacional:

“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”

La reforma constitucional de 1994 cambió radicalmente la situación de los pueblos indígenas, reconociendo en primer lugar su “preexistencia” a la nación argentina, y de allí su derecho a poseer y tener en “propiedad comunitaria” las tierras ancestrales.​ El Estado argentino se sumó así al movimiento internacional indigenista que desde la segunda mitad del Siglo XX viene exigiendo el reconocimiento de los derechos indígenas, con instrumentos como los convenios de la OIT 107 (1957) y 169 (1989) sobre Poblaciones Indígenas y Tribales (1957), y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007).

Las constituciones provinciales fueron incluyendo cláusulas respecto de los derechos indígenas, algunas de las cuales antes de que lo hiciera la constitución nacional:

Constitución de Jujuy (desde 1986): art. 50: La Provincia deberá proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social.

Constitución de Río Negro (desde 1988): art. 42: El Estado reconoce al indígena rionegrino como signo testimonial y de continuidad de la cultura aborigen preexistente, contributiva de la identidad e idiosincrasia provincial…

Constitución de Formosa (desde 1991): art. 79: La Provincia reconoce al aborigen su identidad étnica y cultural, siempre que con ello no se violen otros derechos reconocidos en esta Constitución…

Constitución del Neuquén (desde 1994): art. 53: La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas neuquinos como parte inescindible de la identidad e idiosincrasia provincial. Garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural…​

Constitución del Chubut (desde 1994): art. 34: La Provincia reivindica la existencia de los pueblos indígenas en su territorio, garantizando el respeto a su identidad…​

Constitución de La Pampa (desde 1994): art. 6: La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas…

Constitución del Chaco (desde 1994): art. 37: La Provincia reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, su identidad étnica y cultural…

Constitución de Buenos Aires (desde 1994): art. 36 inc. 9: La Provincia reivindica la existencia de los pueblos indígenas en su territorio, garantizando el respeto a sus identidades étnicas, el desarrollo de sus culturas y la posesión familiar y comunitaria de las tierras que legítimamente ocupan.​

Constitución de Salta (desde 1998): art. 15: La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que residen en el territorio de Salta…​

Constitución de Tucumán (desde 2006): art. 149: La Provincia reconoce la preexistencia étnico-cultural, la identidad, la espiritualidad y las instituciones de los Pueblos Indígenas que habitan en el territorio provincial…

Constitución de Corrientes (desde 2007): art. 66: Debe preservarse el derecho de los pobladores originarios, respetando sus formas de organización comunitaria e identidad cultural.

Constitución de Entre Ríos (desde 2008): art. 33: La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de sus pueblos originarios…

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas:

La ley nacional n.º 23302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes fue promulgada el 8 de noviembre de 1985 y creó para su aplicación el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Esta ley también reconoció la personería jurídica a las comunidades indígenas radicadas en el país, para lo cual se estableció el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) por resolución 4811/1996 del INAI.

El INAI quedó integrado por un presidente dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (desde diciembre de 2015, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), un Consejo de Coordinación que incluye representantes elegidos por las comunidades indígenas y un Consejo Asesor técnico.​ La reglamentación de la ley n.º 23302 se instrumentó por el decreto 155/1989, pero el Consejo Asesor y el Consejo de Coordinación fueron establecidos en 2008, teniendo este 30 representantes indígenas, 14 de los estados provinciales y 6 del Poder Ejecutivo Nacional. Para noviembre de 2013 el Consejo de Coordinación tenía representantes de los 33 pueblos indígenas entonces registrados por el RENACI: mapuche, kolla, guaraní, atacama, wichi, qom, mocoit, diaguita, lule, huarpe, mapuche-tehuelche, tehuelche, kolla-atacameño, mbyá guaraní, comechingón, charrúa, ocloya, omaguaca, tilián, ranquel, chané, chorote, chulupí, tapiete, iogys, tastil. guaicurú, vilela, lule-vilela, sanavirón, tonokoté, ona selk’nam, pilagá.​

El 6 de agosto de 2004 (resolución INAI 152/2004) fue creado el Consejo de Participación Indígena (CPI), con la función de actuar como articulador o intermediario entre las comunidades indígenas y el Estado nacional. Durante 2005 se realizaron asambleas comunitarias que eligieron los primeros 80 representantes (un titular y un suplente por pueblo en cada provincia). En junio de 2006 se llevó a cabo el primer Encuentro Nacional del CPI, que creó una Mesa de Coordinación compuesta por 12 de sus miembros. El CPI fue reformulado en 2008 orientando sus funciones hacia tareas de acompañamiento y fortalecimiento de sus comunidades.76​ Para renovar los representantes al CPI durante 2008 y 2009 se realizaron 41 asambleas comunitarias en 17 provincias: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones y Río Negro.77​ En la provincia de Formosa los representantes de cada uno de los tres pueblos indígenas registrados en la provincia —wichí, qom y pilagá— son los mismos que se eligen para integrar el directorio del Instituto de Comunidades Aborígenes.78​ El número de representantes pasó a 120 y la Mesa de Coordinación a 25 miembros regionales renovados anualmente.79​ La resolución INAI 737/2014 dispuso que cada pueblo por provincia tuviera 2 representantes, de modo que la totalidad de las comunidades pudieran ser visitadas y atendidas.

Entre 2016 y 2019 se realizaron 32 elecciones en 17 provincias, alcanzando el número de 133 representantes.80​

El Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas fue creado por el INAI para relevar las tierras ocupación actual, tradicional y pública de las comunidades indígenas. Para junio de 2015 se habían relevado 647 comunidades indígenas y 6.999.443 hectáreas, lo que equivalía a un 67% del total estimado. El Registro Nacional de Comunidades Indígenas para entonces había otorgado personería jurídica a 1380 comunidades pertenecientes a los hasta entonces 32 pueblos indígenas registrados por el Estado nacional.

Comunidades y asociaciones indígenas reconocidas jurídicamente:

De acuerdo con la lista en línea actualizada a 30 de mayo de 2022 que el INAI publica en su sitio web,​ existen con personería jurídica o con trámite de relevamiento catastral 1790 comunidades indígenas con el siguiente detalle:

Con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas: 390

Con personería jurídica inscripta en los registros provinciales: 686

Con personería jurídica inscripta en los registros provinciales por convenio con el INAI: 496

Sin personería jurídica pero con relevamiento catastral culminado: 117

Sin personería jurídica pero con relevamiento catastral en trámite: 65

Sin personería jurídica pero con relevamiento catastral iniciado: 35

Sin personería jurídica y con relevamiento catastral sin dato: 1

La personería jurídica puede ser tramitada por cada comunidad ante las autoridades nacionales o provinciales, existiendo convenios para ello entre algunas provincias y el INAI.​ El número total de comunidades indígenas con personería jurídica es de 1572, por trámite de relevamiento catastral se suman otras 218, existiendo además un número indeterminado de otras comunidades indígenas.

En cuanto al tipo de comunidad, 232 son urbanas, 150 son periurbanas, 765 son rurales, 32 son urbanas y rurales y sobre 611 no se consigna el dato.

La mayoría de esas comunidades (1767) están registradas como pertenecientes a un pueblo indígena específico, entre las cuales hay 54 que reconocen un origen mixto de sus comunidades y se registran con nombres binarios (mapuche tehuelche, tehuelche mapuche, kolla atacameño y lule vilela), pero que se consideran un único pueblo. Existen además 20 comunidades que agrupan a dos pueblos y 3 a tres pueblos (separados por guiones en la lista). Sobre otras 10 comunidades se carecen de datos sobre su filiación. Los nombres consignados en la lista siguiente son los que figuran en la base de datos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y entre paréntesis se indica el número de comunidades. El pueblo ava guaraní registra además sus comunidades utilizando los nombres guaraní, tupí guaraní y chiriguano. El nombre guaraní es también utilizado por otro grupo en la provincia de Corrientes. El pueblo diaguita registra sus comunidades también como diaguita calchaquí y diaguita cacano. El pueblo mapuche registra algunas comunidades como mapuche pehuenche.

Buenos Aires: (54 comunidades) – Ava guaraní (3) – Guaraní (2) – Kolla (3) – Mapuche (16) – Mapuche tehuelche (4) – Mbya guaraní (1) – Moqoit o mocoví (1) – Qom o toba (16) – Quechua (1) – Tupí guaraní (7).

Catamarca: (9 comunidades) – Diaguita (5) – Diaguita calchaquí (3) – Kolla atacameño (1).

Chaco: (117 comunidades) – Moqoit o mocoví (15) – Qom o toba (78) – Sin especificar el pueblo (1) – Wichí (23).

Chubut: (111 comunidades) – Mapuche (70) – Mapuche tehuelche (28) – Sin especificar el pueblo (1) – Tehuelche (11) – Tehuelche mapuche (1).

Córdoba: (12 comunidades) – Comechingón (9) – Comechingón-sanavirón (1) – Kolla (1) – Ranquel (1).

Corrientes: (3 comunidades) – Guaraní (3)

Entre Ríos: (3 comunidades) – Charrúa (3)

Formosa: (160 comunidades) – Pilagá (25) – Qom o toba (59) – Qom o toba-pilagá-wichí (1) -Sin especificar el pueblo (8) – Wichí (67).

Jujuy: (298 comunidades) – Atacama (10) – Ava guaraní (5) – Chané (1) – Chicha (1) – Chulupí o nivaclé-omaguaca (1) – Fiscara (2) – Guaraní (44) – Kolla (149) – Kolla-guaraní (1) – Ocloya (10) – Omaguaca (46) – Qom o toba (1) – Quechua (21) – Tilián (4) – Toara (1) – Tupí guaraní (1).

La Pampa: (16 comunidades) – Ranquel (15) – Ranquel-mapuche (1)

La Rioja: (1 comunidad) – Diaguita (1)

Mendoza: (32 comunidades) – Huarpe (15) – Kolla (1) – Mapuche (12) – Mapuche pehuenche (3) – Ranquel (1).

Misiones: (116 comunidades) – Mbyá guaraní (116) –

Neuquén: (57 comunidades) – Mapuche (56) – Tehuelche (1).

Río Negro: (108 comunidades) – Mapuche (104) – Mapuche tehuelche (3) – Tehuelche (1).

Salta: (513 comunidades) – Atacama (8) – Ava guaraní (23) – Chané (5) – Chané-guaraní (1) – Chorote (25) – Chorote-wichí (1) – Chulupí o nivaclé (2) – Diaguita (2) – Diaguita calchaquí (35) – Diaguita calchaquí-wichí-lule (1) – Guaraní (76) – Guaraní-chané (1) – Iogys (3) – Kolla (89) – Kolla-guaraní (1) – Kolla-wichí-guaraní (1) – Lule (1) – Qom o toba (18) – Tapiete (3) – Tastil (12) – Tupí guaraní (5) – Wichí (191) – Wichí-chiriguano (1) – Wichí-chorote (1) – Wichí-guaraní (6) – Wichí-qom o toba (1).

San Juan: (6 comunidades) – Huarpe (6)  

San Luis: (3 comunidades) – Huarpe (1) – Ranquel (2).

Santa Cruz: (10 comunidades) – Mapuche (3) – Mapuche tehuelche (4) – Tehuelche (3).

Santa Fe: (62 comunidades) – Corundí (1) – Diaguita (1) – Kolla (3) – Mapuche (1) – Moqoit o mocoví (42) – Moqoit o mocoví-qom o toba (2) – Qom o toba (11) – Qom o toba-moqoit o mocoví (1).

Santiago del Estero: (79 comunidades) – Diaguita o cacano (19) – Guaycurú (3) – Lule vilela (10) – Sanavirón (1) – Tonokoté (39) – Vilela (7).

Tierra del Fuego: (2 comunidades) – Selk’Nam u ona (1) – Yagán (1).

Tucumán: (18 comunidades) – Diaguita (8) – Diaguita calchaquí (9) – Lule (1).

Existen además comunidades y asociaciones que por diversos motivos no han tramitado su inscripción de personería jurídica ni tampoco iniciaron el trámite ante el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. Según el Mapa de pueblos naciones originarias publicado el 24 de junio de 2015 por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO), existirían en proceso de organización o dispersas, comunidades de los pueblos: charrúa (en Santa Fe), diaguita (en San Luis), mbyá guaraní (en Corrientes), abipón (en Santa Fe), querandí (en Buenos Aires), tehuelche (en La Pampa), tonokoté (en Buenos Aires) y weenhayek (en Salta).

Publicado por prensaohf

Periodista y Corresponsal Naval.

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